Francia prohibirá vasos, pajitas y otros objetos de plástico de uso único
en 2020, pagará a los consumidores que lleven las botellas de plástico a
lugares de recogida para su reciclaje y prohibirá la destrucción de productos
invendidos, como ya ocurre con los alimentos.
Estas y otras medidas figuran en un proyecto de ley para la economía
circular aprobado este miércoles por el Gobierno francés que pretende aumentar
significativamente el porcentaje de materiales reciclados pero también
incentivar la reparación.
“Queremos entrar en una economía del siglo XXI, una economía en la que se
consume menos, se consume mejor, se deja de producir para destruir y se
favorece el reciclaje”, destacó la secretaria de Estado de la Transición
Ecológica, Brune Poirson.
“Es bueno para el
planeta, es bueno para la cartera de los franceses y además es justo”, añadió.
En declaraciones a la prensa al término del Consejo de Ministros, Poirson
insistió en que “hay que suprimir los embalajes inútiles” y aumentar la tasa de
reciclaje, que es sólo del 2 % para las moquetas, del 3 % para el cristal, del
26 % para los envoltorios de plástico y del 58 % para las botellas de plástico.
En el caso del plástico, el objetivo es alcanzar un
100 % de reciclaje para 2025.
El proyecto de ley, que debería estar adoptado de aquí a las elecciones
municipales de marzo de 2020, amplía el principio de que quien contamina paga,
de forma que el fabricante o el distribuidor de un producto deberá hacerse
cargo de su recuperación una vez que termine su vida útil.
Lo que ya existe para
las pilas, los neumáticos o los electrodomésticos se aplicará igualmente para
los artículos de bricolaje, los deportivos o las bicicletas.
Además, los comerciantes que vendan sus productos por internet tendrán las
mismas obligaciones que aquellos que lo hagan en tiendas físicas.
Con la prohibición de la destrucción de los productos invendidos no
alimentarios (como vestidos, electrodomésticos, productos de limpieza o
cosméticos), se espera poner fin a un despilfarro que la secretaria de Estado
estimó entre 550 y 800 millones de euros.
El texto adoptado por el Ejecutivo quiere imponer a fabricantes y
vendedores transparencia sobre los productos con reglas muy precisas en el
etiquetado para incluir informaciones sobre si pueden reciclarse o repararse.
Poirson contó que en Francia cada año se producen de media cinco toneladas
de residuos por persona, una cantidad a su parecer excesiva y que favorece la
proliferación de vertederos ilegales, cuya gestión les cuesta a los
ayuntamientos 340 millones de euros anuales.
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