◾ Basar la política hídrica en
la oferta ilimitada de agua, cuando es un recurso limitado y muy variable, es
un error con graves consecuencias medioambientales y sociales Los últimos datos
aportados por el Gobierno sobre las reservas hídricas muestran como la
Península Ibérica estaría entrando en un periodo de sequía. Actualmente la
reserva de agua embalsada en superficie a escala nacional está al 40%. La
sequía es un fenómeno propio de nuestra situación geográfica.
Sin embargo, el cambio climático y la mala gestión de
los recursos hídricos en España están haciendo que la escasez de agua se
convierta en crónica en buena parte de la península Ibérica.
Esto tendrá consecuencias ambientales, sociales y
económicas que serán dramáticas si no se toman medidas urgentes. España ha
basado su política hídrica en una oferta ilimitada de agua.
En un país donde este recurso es limitado y está
sujeto a fuertes fluctuaciones como consecuencia de las sequías (y del cambio
climático), supone un error que causa graves afecciones a los ecosistemas
acuáticos y provoca también una gran tensión social.
"Las medidas para combatir la sequía y la falta
de agua deben hacerse durante los períodos húmedos, con soluciones aportadas
por científicos y técnicos, y siempre manteniendo fuera a políticos e intereses
que no sean el bien público", ha declarado Julio Barea responsable de la
campaña de agua de Greenpeace. "España tiene que aplicar políticas de
prevención, ahorro y optimización de los recursos hídricos", ha añadido.
A pesar de que España es el país con más embalses “per
capita” del mundo, unos 1.300, en las últimas dos décadas se han construido y
puesto en explotación 214 presas más y, aún así, siguen los problemas de
abastecimiento en cuanto el régimen de precipitaciones desciende.
A esto, hay que sumar que los ríos son actualmente las
cloacas donde terminan buena parte de los residuos urbanos e industriales. Y que
la fuerte segmentación y artificialización de la práctica totalidad de los
cauces, con consecuencia de azudes y trasvases (ni siquiera bien controlados
por la Administración), dan como resultado una pérdida del poder de
autodepuración y regeneración natural de los ríos, perjudicando seriamente a
las masas de agua y a los ecosistemas que dependen de ellas.
Greenpeace recuerda que la contaminación del agua es
el factor que más influye en la pérdida de recursos hídricos. Incluso basando
la gestión hidrológica en un política de oferta ilimitada, la lucha contra la
contaminación permitiría aumentar la disponibilidad de agua más que
construyendo nuevos embalses o recrecimiento de los mismos, canalizaciones o
trasvases.
Las aguas subterráneas, nuestras auténticas reservas
estratégicas de agua para el futuro, tampoco se libran de la pésima gestión.
Los acuíferos del Estado almacenan hasta
seis veces más agua dulce que todos los embalses juntos. La contaminación
procedente principalmente de la agricultura y la ganadería industrial y la
sobreexplotación los están poniendo en serio riesgo. La Administración reconoce
que existen más de 500.000 pozos ilegales pero se niega a tomar medidas y
poner coto a este descontrol.
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