Colombia tiene
la tasa más alta en América Latina de desastres pequeños y frecuentes
provocados por eventos naturales Los desastres no son ajenos a Colombia.
Solo en 2016, casi un millón de colombianos
se vieron afectados por desastres asociados a eventos naturales, principalmente
inundaciones y sequías, según la Unidad para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD).
En los últimos años, los daños a la
propiedad, la infraestructura y los medios de vida se han seguido
multiplicando, en gran medida por la vulnerabilidad que resulta, entre otros,
de un crecimiento urbano a veces no planificado y descontrolado, una inadecuada
gestión ambiental y planificación del uso de la tierra.
A esto se suma, algunas veces, una
aplicación limitada de las normas y códigos de construcción.
Pero no solo las grandes urbes son
escenarios de desastres.
Como demostró la última avalancha en Mocoa en abril pasado, los eventos que
pueden ser muy localizados afectan duramente las ciudades intermedias y
pequeñas, y dentro de ellas, a los hogares más pobres. Esto tiene una
incidencia directa y de alto impacto en la sostenibilidad del crecimiento del
país.
Un estudio del BID y la CEPAL señala que la temporada invernal
del fenómeno de La Niña 2010-2011 - además de los dos millones de personas
damnificadas- dejó alrededor de 11.200 millones de dólares en pérdidas,
equivalentes al 2% del PIB de Colombia en 2011.
Si todavía falta camino por recorrer
para fortalecer los sistemas de gestión del riesgo de desastres e integrarlos a
la planificación de las grandes ciudades, la situación en las ciudades
intermedias y pequeñas es aún más delicada.
En una región como la latinoamericana,
donde entre 1970 y 2014 se triplicó la ocurrencia de estos fenómenos,
fortalecer las políticas en gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptarse
al cambio climático es vital y cobra cada día mayor importancia.
DESASTRES Y MÁS POBREZA
La nueva población urbana, formada en su
mayoría por familias de bajos recursos, se encuentra en barrios marginales y
asentamientos irregulares generalmente fuera del perímetro de los servicios de
la ciudad. Ocurre en los municipios o ciudades pequeñas con el agravante que
estas tienen menor capacidad para gestionar adecuadamente el riesgo de
desastres e integrarlo en el diseño e implementación de sus políticas de
planificación urbana y de ordenamiento del suelo.
De acuerdo con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2016 el 28% de los
colombianos estaba en condición de pobreza, es decir, alrededor de 13 millones
de personas. La pobreza en las cabeceras municipales es del 24,9% y en los
centros poblados y zonas rurales dispersas del 38,6%. En cuanto a pobreza
extrema, en 2016 el 8,5% del total de la población se encontraba en esta
condición, lo que representa unos cuatro millones de colombianos. En las
cabeceras municipales la pobreza extrema se calcula en un 8,6% y en los centros
poblados en el 18,1%.
En este contexto, es importante tener en
cuenta que Colombia se ha consolidado como líder en América Latina en el
desarrollo de un enfoque integral para la GRD y el programa del país se
fortalece con cada nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Los avances en el
monitoreo, implementación de sistemas de alerta y organización de la respuesta
y manejo de la emergencia han dado como resultado una reducción significativa
de la pérdida de vidas ante los eventos naturales adversos.
Para Oscar Anil Ishizawa, especialista
sénior en Gestión del Riesgo de Desastres del Banco Mundial, uno de los grandes
retos pendientes en Colombia es fortalecer la implementación de las políticas
de planificación territorial y el uso del suelo incorporando consideraciones de
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Existe un marco legal e
institucional que crea los instrumentos y mecanismos, pero aún no una
implementación eficiente a nivel territorial.
Una inadecuada planeación territorial y
uso del suelo contribuye en gran medida al incremento de la vulnerabilidad ante
desastres, como se vio en la tragedia del municipio de Mocoa, donde el
desbordamiento de los ríos Mulato, Sangoyaco y Mocoa ocasionaron la destrucción
de 17 barrios y la muerte de más de 320 personas.
ACTUAR ANTES Y NO DESPUÉS
En Colombia, el énfasis de la política
nacional se ha concentrado en la respuesta a emergencia y no en construir un
marco de acción para fortalecer la aplicación de políticas e inversiones a
nivel sectorial y territorial. Existe una gran debilidad de los gobiernos
municipales para incorporar la reducción del riesgo en los Planes de
Ordenamiento Territorial y una evidente desarticulación entre los diferentes
instrumentos de planificación territorial que existen en el país.
Según Ishizawa, la manera de tener una
gestión del riesgo de desastres eficiente y con resultados concretos (pero
invisibles porque cuando se hacen bien las cosas en el tema de gestión del
riesgo de desastres, estos no ocurren o su magnitud se reduce drásticamente),
es incorporar criterios de reducción de riesgo en todas las inversiones
públicas sectoriales, así como en las políticas e instrumentos de desarrollo
urbano y territorial.
Lo que significa construir y diseminar
de manera abierta y transparente la información de peligros y riesgos
específica requerida por los diferentes sectores nacionales, así como, la
información con una resolución suficiente para ser utilizada por los niveles
departamentales y municipales. La capacidad técnica en el país existe, se
necesita de coordinación y definición de objetivos claros a corto, mediano y
largo plazo.
Entre las recomendaciones principales
está el fortalecer capacidades de los gobiernos municipales medianos y pequeños
para poder implementar estas tareas. Las agencias a cargo de la GRD deben ser
técnicas y ágiles para cumplir con su papel de coordinación interinstitucional
para facilitar la implementación de medidas de reducción del riesgo y guiar el
diseño de las políticas públicas que incorporen criterio de gestión del riesgo
de desastres a nivel territorial y sectorial, que corresponden a una agenda de
mediano y largo plazo. La responsabilidad de la respuesta y manejo de las
emergencias debe ser planteado en una institución que pueda manejar el día a
día y que tenga una capacidad inmediata de movilización y acción para poder
liderar la coordinación en todos los niveles de gobierno.
La GRD no es un sector específico y no
se debe considerar como uno. Se debe de trabajar de la mano con los responsables
de la planificación tanto sectorial como territorial quienes son los ejecutores
y los dolientes en este tema, concluye Ishizawa
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