Profesor, a propósito de los oleajes anormales e impactos sobre las costas
de Cabarete y Puerto Plata ¿cuál es el nivel de protección que tienen nuestras
costas?
Respuesta
La protección del perfil costero o línea de costa es una norma
internacionalmente aceptada e implementada por casi todos los países y naciones
del mundo que tienen fronteras con mares y océanos, especialmente los estados
insulares. En América Latina la mayoría de los países tienen una franja costera
protegida de 100 metros, pero nuestro país adoptó solo 60 metros con la Ley 305
de 1968.
Las costas tienen la virtud de vincular los dos ecosistemas más grandes de
la Tierra, la frontera entre los dos sistemas vivientes de cuya interacción no
puede prescindir la economía ni el desarrollo que actualmente exhibe la
civilización que discurre sobre la epidermis del planeta.
La República Dominicana, un estado Archipielágico reconocido por ONU,
exhibe una sensibilidad ambiental muy especial por la alternancia de costas
rocosas y costas arenosas, espacios donde se asientan los pilares de su
economía.
Actualmente el 70% de la población dominicana vive en ambientes costeros,
en 16 de las 32 provinciasdel lar patrio, incluyendo el Distrito Nacional, por
lo que la presión sobre la biodiversidad y los recursos naturales es una
constante que es preciso vigilar con atención e intención proactiva para
garantizar su sostenibilidad.
Aunque la sostenibilidad nunca pasa de ser una pieza decorativa del
discurso político-económico, manoseada por los intereses transversales al
desarrollo, requiere que se eleve su verdadero sentido, para que adquiera su
verdadero carácter de perdurabilidad y que sus potencialidades no se vean esfumarse
entre la bruma que dejan las olas en las costas dominicanas, muy especialmente
como ocurrió una vez en Puerto Plata, que amenaza a Cabarete y que, en su
nombre, se han cometido todos los pecados ecológicos entre Uvero Alto, Punta
Gorda, Cortesito, Bávaro, Cabeza de Toro, Punta Cana y Juanillo, para quedarnos
en un solo punto.
El espacio del dominio público no puede ser el lugar donde confluyan todos
los intereses de los privilegiados de la fortuna, simplemente se trata de una
servidumbre lógica, legítima, aunque no siempre legal, precisamente por los
intereses humanos que manejan la naturaleza de todos los dominicanos.
Por estas razones saludamos el Acuerdo de Comanejo del
Santuario Marino del Sureste entre el Ministerio de Medio Ambiente con hoteleros
y organizaciones locales que quieren repartir responsabilidades.
Eleuterio Martínez
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