Latinoamérica fue en 2014 la región más peligrosa para los
activistas medioambientales tras el asesinato de 87 personas,
según un informe publicado el lunes por la organización británica Global
Witness, que tacha a Honduras como el peor país para
defender la naturaleza.
En total
116 personas perdieron la vida en todo el mundo por luchar contra proyectos que
ponen en peligro la conservación de la Tierra, 20% más que en 2013.
Brasil
fue el país en el que se registraron más víctimas con 29 homicidios, seguido de
Colombia con 25, Filipinas con 15 y Honduras con 12, el menos
poblado de los cuatro.
El
registro de asesinatos de activistas en África, Oriente Medio, Asia central y
China es incompleto debido al limitado acceso que tienen las organizaciones
internacionales y a la falta de medios de comunicación independientes en muchas
de estas regiones, según el informe.
El
estudio titulado “¿Cuántas (muertes) más?” (How Many More? en inglés) destaca
que 47 de las víctimas mortales (40%) eran indígenas y subraya que los
homicidios están relacionados con proyectos mineros, agrícolas e
hidroeléctricos.
“El
ataque sistemático contra los activistas también ha ido acompañado de protestas
violentas, límites a las libertades civiles y leyes que debilitan la protección
del medioambiente”, señala el informe.
“Algunos
gobiernos han usado asimismo leyes contra el terrorismo para atacar a los
activistas y acusarlos de enemigos del Estado”, agrega.
Honduras,
el país más peligroso del mundo, teniendo en cuenta el número de crímenes per
cápita, también es el lugar más hostil para defender la naturaleza.
Los
ambientalistas son asesinados “de un disparo en la cabeza a plena luz del día,
secuestrados, amenazados o hasta tratados como terroristas por oponerse al
llamado desarrollo”, denuncia Billy Kyte, analista de Global Witness, sobre el
país centroamericano.
Al menos
111 ecologistas perdieron la vida entre 2002 y 2014, según el recuento de esta
organización sin objetivo de lucro.
“Los
verdaderos autores de estos crímenes, que tienen de fondo una poderosa conexión
de intereses estatales y empresariales, están logrando escapar sin ser
castigados. Es urgente tomar acciones para proteger a los ciudadanos y llevar a
los culpables ante la justicia”, agrega Kyte.
A pesar
del peligro, muchos han seguido desempeñando sus labores en Honduras como Berta
Cáceres, una reconocida activista indígena que lleva años recibiendo amenazas
por las causas que defiende.
Cáceres,
una de las fundadoras y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), es la principal voz en contra del
proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que prevé la construcción de una represa en
el río Gualcarque y dejará sin agua a cientos de nativos Lenca.
Desde
2013, tres de sus compañeros han sido asesinados por oponerse al plan.
Cáceres
recibirá este lunes en San Francisco (oeste de EEUU) el premio Goldman, uno de
los más prestigiosos en el campo del medioambiente.
El año pasado
lo recibió la peruana Ruth Buendía Mestoquiari, líder de la tribu asháninka,
por evitar en 2010 la construcción de dos hidroeléctricas en la Amazonia
peruana que habrían provocado el desplazamiento de miles de indígenas.
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