SANTIAGO. Los presidentes de la Junta
de Vecinos de Gurabo, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) y otras
organizaciones populares y comunitarias de las zonas norte y este de esta
ciudad rechazaron este miércoles la autorización que otorgó el Ayuntamiento de
Tamboril a una empresa para instalar una generadora de energía y de producción
de madera en el espacio donde está el vertedero a cielo abierto, en Guazumal, y
en el cual invertiría unos 20 millones de dólares.
Elías Cruz, Belkis García y Olmedo
León, a nombre de las entidades antes citadas, denunciaron que la
administración municipal de Tamboril conjuntamente con la Sala Capitular,
violaron las leyes de compras y contrataciones y licitaciones, al aprobar un
contrato sin haber convocado a vistas públicas.
Indicaron que solo los regidores, el
alcalde Anyolino Germosén y los empresarios dominicanos y brasileños tienen
conocimientos del contrato en cuestión.
Dijeron que ese contrato, concedido a
la empresa “Glota Bussines S.R.L” es ilegítimo y carece de valor, aunque haya
sigo notarizado y legalizado por los abogados.
“Bajo ninguna circunstancia vamos a
permitir que se instale esa planta, ya que no sabemos qué harían los
empresarios con los desechos sólidos que van a procesar, ya que no se le ha
explicado al pueblo”, precisó Belkis García, presidente de la SOECI.
En tanto que Elías Cruz y Olmedo León
declararon que el problema del vertedero a cielo abierto debe ser resuelto
cuanto antes por las autoridades de Medio Ambiente, ya que le concedieron un
plazo de 90 días y tiene más de dos semanas que venció y no se vislumbra
ninguna solución al respecto.
De acuerdo al contrato aprobado y
firmado por las autoridades edilicias de Tamboril, el pasado 5 de este mes se
le concede a la empresa “Glota Bussines” un contrato a 30 años para instalar
una fábrica o planta que produciría energía, madera y fertilizantes en base al
tratamiento o reciclaje de los desechos sólidos que se producen en la
localidad.
Asimismo, que la empresa comenzará a
entregar el 3% de los beneficios obtenidos al Ayuntamiento a partir del quinto
año de inicio de operaciones, y el 5% luego del séptimo año de labores.
En el contrato de referencia se le
otorga un plazo de ocho meses a la empresa para que comience a operar en el
espacio que haya escogido en el municipio.
Del mismo modo, en el párrafo 2 del
contrato se establece que el Ayuntamiento de Tamboril acepta, autoriza y
confirma que permitirá que Glota acepte residuos sólidos de otras
demarcaciones. Esta autorización es sin perjuicio de las tasas y arbitrios que
dichas demarcaciones le paguen al Cabildo.
En el artículo sexto se indica que
Glota realizará sus operaciones dando estricto cumplimiento a la Ley 64-00
sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana y se
compromete a obtener todas las autorizaciones medio ambientales para su
operación, haciéndose responsable del pasivo ambiental que pueda generarse
dentro del perímetro de sus operaciones o que haya sido generado a través de
las mismas.
Igualmente se establece que Glota hará el esfuerzo para utilizar mano de obra local del municipio de Tamboril y darle prioridad en su contratación laboral
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