SANTO DOMINGO. El anuncio del presidente
Danilo Medina de someter a la justicia aquellas personas que sean halladas
culpables de provocar la deforestación en los bosques del territorio nacional,
ha despertado el escepticismo entre ambientalistas ante la proclama, y creen
que las autoridades deben comenzar por vigilar a los “grandes”.
Expertos consideran innecesarios los
pronunciamientos que hiciera el mandatario frente a productores de Hondo Valle,
en Elías Piña, de que “a partir de ahora el que se meta a deforestar va preso”
y estiman que lo único que debe garantizarse es el cumplimiento de la Ley Sobre
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual estipula claras sanciones para
quienes incurran en violaciones a sus disposiciones.
Luis Carvajal, profesor de biología y
ciencias agronómicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), define
como lamentable la situación medioambiental del país y revela que todas las
cuencas de los ríos “se encuentran amenazadas”.
“Lo único que tenía que decir el
presidente es que se va a aplicar la ley. Yo espero que se aplique a las
riquezas extremas que han estado depredando las cuencas altas (de los ríos)”,
sostiene Carvajal, quien también es miembro de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la Academia de Ciencias de República Dominicana (ACRD).
En un informe de marzo del presente año,
elaborado por la ACRD y la UASD, se expone la delicada situación de las zonas
montañosas de Constanza, Jarabacoa, Bonao, Ocoa y Padre Las Casas como
consecuencia del desarrollo de la producción hortícola en terrenos con
pendientes propensos a la erosión y la consecuente contaminación de las aguas
que descienden por estas laderas.
Además, se advierte que producto de la
actividad agrícola en las cumbres montañosas “se está deforestando y eliminando
todo tipo cobertura vegetal, quedando los suelos expuestos a la erosión”.
Carvajal denuncia la ocupación de las
cuencas de los ríos Yaque del Sur, Yaque del Norte, Nizao y el bajo Yuna por la
agricultura extensiva como un factor donde “el poder extremo del país se ha
manejado de una manera prepotente”.
Otro factor a tomar en cuenta son las
concesiones mineras en las cercanías de parques nacionales como Armando
Bermúdez, Nalga de Maco y el área verde de Loma Miranda, “lo cual contradice
con esta visión política” de apresar a quienes infrinjan la ley, reflexiona el
profesor Carvajal.
En la Constitución de 2010, se
establecen claras disposiciones hacia la protección del medio ambiente, los
recursos naturales y en especial el agua como un patrimonio nacional de uso
público e inalienable.
El artículo 17 de la Carta Magna
“declara de prioridad nacional y de alto interés social la reforestación del
país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos
forestales”.
Para Yvonne Arias, directora ejecutiva
del Grupo Jaragua, una de las principales problemáticas de la deforestación en
el país, es la implicación de personas pertenecientes a grupos de poder
político y militar vinculados a grandes intereses en la agricultura o el
trasiego de madera hacia Haití.
Señala que estos grupos se han
convertido en “intocables” que se han caracterizado por la sustitución de los
bosques primarios por la siembra de rubros, así como por el corte de árboles
para el tráfico de carbón el cual tiene un matiz internacional que traspasa las
fronteras del vecino Haití.
A lo largo de los años, el flagelo de la
deforestación como consecuencia de la intervención humana ha arrasado con miles
de hectáreas de bosque primario en la isla, que según un informe de 2012 del
Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, la cubierta forestal ha
sido reducida a un 2% en Haití y a un 21% en República Dominicana.
“Vamos a aplaudir cuando se produzcan
las acciones”, garantiza el profesor Carvajal.
Sencillez y desgaste del paisaje
4 La investigación de la Academia de
Ciencias y la UASD, que tiene como objeto de estudio el bosque y los recursos
hídricos en la Cordillera Central, desvela el desplazamiento de la diversidad
de la flora y la fauna en la zona causando “la simplificación del ambiente y
degradación paisajística”. En ello, según el documento, convergen empresarios
del Valle de Constanza, Tireo, La Vega, Santiago y Santo Domingo “con recursos
económicos suficientes para propiciar los desmontes”, tala de las faldas de
montañas, establecimiento de pastizales y ganadería intensiva para con ello
promover la perturbación de las tierras altas en el corazón de la principal red
acuífera del país
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