"El
mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.
En
1992, cuando la comunidad internacional adoptó la Declaración de Río, en el
Principio 10 se acordó lo siguiente:
"El
mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.
En el
plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información
sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la
información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción
de decisiones.
Los
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de
la población poniendo la información a disposición de todos.
Deberá
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y
administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes”.
El Principio 10 establece los siguientes tres derechos
fundamentales como pilares esenciales de una gobernabilidad ambiental sana:
Acceso
a la información, acceso a la participación pública y acceso a la justicia. Los
"derechos de acceso" se han vuelto imperativos en la promoción de la
gobernabilidad ambiental transparente, incluyente y responsable.
El
acceso a la información permite a los ciudadanos y les anima a participar en la
adopción y los procesos de formulación de políticas de manera informada. Cada
vez más se percibe que la participación del público es una parte vital de la
solución de los problemas ambientales y el desarrollo sostenible al motivar a
los gobiernos a adoptar políticas y promulgar leyes que tomen en cuenta las
necesidades de la comunidad.
El
acceso a la justicia constituye el fundamento de los "derechos de
acceso", ya que facilita la capacidad del público para hacer valer su
derecho a participar, a ser informado, y a hacer a los reguladores y los
contaminadores responsables por daños ambientales.
La
Conferencia de 2012 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, más
conocida como Río + 20, volvió a confirmar el Principio 10 en su documento
final El futuro que queremos y también subrayó su importancia a nivel regional.
Para
catalizar y acelerar la acción en términos de la implementación del Principio
10, en el año 2010 en la 11ª Sesión Especial del Consejo de Administración del
PNUMA/Foro Mundial de Ministros del Medio Ambiente en Bali, Indonesia, los
Estados miembros adoptaron las Directrices para la elaboración de legislación
nacional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la
justicia en asuntos ambientales, conocidas como las Directrices de Bali.
Estas
directrices ya se han utilizado para desarrollar la legislación ambiental
nacional en varios países. Para promover la ejecución anticipada del Principio
10 y el uso de las Directrices de Bali entre los países, en octubre de 2015 el
PNUMA puso en marcha la guía de implementación de las Directrices de Bali en
inglés.
En
agosto de 2016, el PNUMA publicó y lanzó la guía de implementación en español.
La organización tiene el objetivo de traducir la guía de implementación también
en otros idiomas.
Fuente: medio
ambiente
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