La falta de supervisión de
las autoridades sobre la extracción ilegal de arena y grava ha resultado en la
degradación de cuencas hidrográficas
El camión estaba casi lleno.
Con un esfuerzo más, los llamados “hombres hormiga” o “paleros” terminarían de
abastecer otro vehículo con la arena y grava que extraían de forma ilegal del
degradado cauce del río Nigua, en San Cristóbal.
Por un momento se notaban inquietos.
Desconocían quiénes iban en el interior de una camioneta que se estacionó en la
ribera. Se apresuraron, colocaron una lona azul sobre la cama del camión
cargada del material, y el chofer aceleró lentamente el vehículo para cruzar el
río y marcharse.
Los hombres se dispersaron. Uno de
ellos, de mediana edad, delgado, sudoroso y con la piel quemada por el sol,
aseguró que la extracción que hizo minutos antes no es perjudicial para el río.
La considera como una fuente de empleo que por más de 30 años le ha permitido
mantener a seis hijos.
“Lo que yo sé que ha cambiado el
medioambiente han sido esas minas que hay por ahí tumbando árboles y haciendo
excavaciones grandísimas, pero llenar un viajecito (de arena) a mano por arriba
(no)”, dijo.
Pero, la extracción ilegal de arena
y otros materiales para la industria de la construcción sí ha destruido el
canal natural de algunos ríos, erosionado y afectado el manto freático,
inclusive en zonas donde hay tomas de agua para acueductos, como es el caso del
río Nigua, indican informes académicos y especialistas. Esto ha provocado que
cuando hay crecidas, las aguas inunden los barrios ubicados en las márgenes y
sea menor la capacidad de retención del líquido en los cauces.
La falta de supervisión de las
autoridades dominicanas, en especial del Ministerio de Medio Ambiente que ha
concedido permisos para la extracción de arena y otros materiales próximos a
los ríos, ha resultado en la degradación de cuencas hidrográficas que abastecen
de agua potable a la capital dominicana y otras regiones con alta población.
Por su cercanía a la capital, en la
provincia San Cristóbal se extraen agregados (como arena y grava) de forma
irregular en los ríos Nigua, Nizao (que abastece a un complejo de embalses) y
Yubazo, para suplir a la industria de la construcción.
También ocurre en ríos de otras provincias como La
Vega, Espaillat, Monseñor Nouel y Puerto Plata. La práctica está prohibida y
regulada según las leyes 123-71 y 64-00, y las
resoluciones 16-2007, 016-2008 y 0015-2017 del
Ministerio Medio Ambiente.
Por esas normativas, y las
reiteradas denuncias, se ha controlado la instalación de granceras o minas para
extraer arena y grava del lecho de los ríos. Sin embargo, se ha sustituido por
actividad individual en camiones privados cuyos propietarios venden el material
al sector construcción.
“Ha surgido una red poderosa que
extrae agregados de nuestros ríos de forma mecanizada con apoyo de poderes
estatales, de noche y de día”, asegura una fuente ligada al Ministerio de Medio
Ambiente que pidió anonimato por temor a represalias.
Momento del llenado de un camión debajo de un puente
de la Autopista 6 de Noviembre, en San Cristóbal. La arena se extrae del cauce
del río Nigua, el 7 de marzo de 2019. ( DIARIO LIBRE/PEDRO BAZIL)
Vista del río
Nizao, afectado por la extracción de agregados y la sequía, el 7 de marzo de
2019. ( DIARIO LIBRE/PEDRO BAZIL)
El negocio es lucrativo y se compone
de una cadena que comienza por los “hombres hormiga” o “paleros”, quienes de
forma manual o informal extraen agregados de los ríos y distorsionan el cauce
haciendo hoyos para remover el material. Algunos utilizan instrumentos
mecanizados para facilitar la labor.
Estos hombres reciben dinero por llenar las camas de
camiones que, además, causan contaminación. Los choferes y los dueños de los
vehículos venden el producto a ferreterías, hormigoneras, fábricas de blocks, proyectos habitacionales, construcciones de
edificios e informales, y a contratistas del propio Gobierno, detalla la fuente
de Medio Ambiente.
Un camión cargado de 18 metros de
arena se puede vender en la ciudad entre RD$12,000 (US$240) y RD$15,000
(US$300). Otros que se encargan de sacar el material bruto o cascajo lo venden
hasta por RD$200 (US$4) y RD$250 (US$5) el metro cúbico.
Cuando el cauce de un río tiene
suficiente material granular, estos componentes sirven de obstáculo para que
las aguas corran con menos fuerza y velocidad cuando vienen las escorrentías.
“Por eso es que es un crimen cuando tú le sacas a un río todo el conglomerado,
porque lo pone liso”, dice el ingeniero Augusto Rodríguez, miembro de la
Sociedad Dominicana de Geología.
Los camiones que transportan los
materiales de los ríos transitan entre estrechas calles sin asfaltar y han
abierto caminos en las cuencas. En los cauces secos es común ver montículos en
espera de ser recogidos.
Entre 2016 y 2019, el Ministerio de
Medio Ambiente dominicano aplicó sanciones que totalizaron más de RD$3.1
millones (sobre los US$60,000) a 10 infractores por extracción ilegal de
material de los ríos Masacre, Nagua, Ocoa, Manoguayabo, Haina y Yuna, entre
otros.
A pesar de la fiscalización, el
Ministerio, que dirige Ángel Estévez, concedió un permiso cuestionable en
septiembre de 2018 para extraer 10,000 metros cúbicos de cascajo, grava y arena
en un terreno próximo al río Haina, en San Cristóbal, que sobrepasa los 150
metros mínimos de distancia que establece la norma. El material sería usado
para “el relleno de calles y ayudas sociales”. En imágenes satelitales se ve
que la extracción excede las coordenadas autorizadas y se acerca casi a 30
metros del agua.
Un hombre extrae arena fina desde el fondo del río y
la transporta sobre las aguas. ( DIARIO LIBRE/DANELIS SENA)
Un camión se avista desde lejos mientras se abastece
de arena en el río Haina. ( DIARIO LIBRE/PEDRO BAZIL)
Una
lucha constante con reincidentes
El pasado 24 de marzo un grupo se
manifestó en La Vega para denunciar que empresarios locales siguen extrayendo
materiales del río Camú y sus proximidades. Lo mismo han hecho residentes en
Jamao al Norte de la provincia Espaillat, para exigir el cese de la extracción
en un tramo del río Yásica.
El activista ambiental Manuel
Antonio Nina aún se acongoja al recordar que por protestar en contra de la
extracción de arena en San Cristóbal, el 12 de octubre de 1998, mataron a su
amigo Sixto Ramírez. Narra que el homicida se le acercó, le metió una escopeta
en la boca y disparó. Lamenta que solo se apresó al asesino material y duró no
más de siete años en la cárcel.
De los casos llevados a la justicia está uno contra la
empresa Agregados Consolidados, S.A.. En 2013, la Procuraduría para la Defensa del Medio
Ambiente informó que ejecutó una sentencia con carácter irrevocable en contra
de la compañía, encontrada culpable de extraer arena, grava y piedras de las
márgenes del río Nizao, en la provincia Peravia, y debajo del contraembalse de
la presa de Valdesia, sin los permisos de rigor. La sentencia también afectó a
su representante Miguel Nadal González, y la multa impuesta fue de RD$3.5
millones (aproximadamente US$82,160).
Otro caso lo lleva la Corporación
del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), que en febrero pasado
se querelló contra la sociedad comercial Hormigones América y sus socios. A
estos les exige una indemnización luego de que se rompiera una tubería del
acueducto Valdesia-Santo Domingo a mediados de 2018, donde tienen instalada una
procesadora de agregados en Manoguayabo, a orillas del río Haina. Repararla
dejó sin agua por casi tres días a más de 80 sectores de la capital.
La CAASD denunció que Hormigones
América no posee la licencia necesaria para las operaciones que ejecutaba en el
lugar de la avería y se suspendieron sus operaciones. Sus socios Gabino Aroldo
Ramos, Víctor Ramón Ramos, Isaías Ramos Guzmán e Isaías Odalis Ramos son los
mismos de Industria del Block América, contratista de la estatal Oficina para
el Reordenamiento del Transporte (Opret). Se intentó conseguir una opinión de
los denunciados y de su abogado, pero al cierre de esta investigación no se
había obtenido. El caso está en una fase conciliatoria.
A la izquierda del río se observan las instalaciones
de la grancera de Hormigones América, y entre los dos montículos de arena el
punto de la tubería que fue arreglado. Del terreno salen dos tubos grandes,
blancos, que forman parte del acueducto Valdesia-Santo Domingo. ( DIARIO
LIBRE/PEDRO BAZIL)
Según denuncias de líderes
comunitarios de las provincias Espaillat y San Cristóbal, los choferes de los
camiones donde se transporta lo extraído de los ríos supuestamente cuentan con
el apoyo de miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), una
dependencia del Ministerio de Medio Ambiente que, bajo el mando de un oficial
de las Fuerzas Armadas, está encargada de vigilar, perseguir y detener las
prácticas ilegales.
En el caso de la provincia San
Cristóbal, en Los Corozos y Villa Altagracia se quejan de que los militares del
Senpa tienen un chofer designado para que recoja dinero entre sus compañeros y
les sea entregado semanalmente. Los montos oscilan entre RD$1,000 (US$20) y RD$3,500
(US$70). Así garantizan que no les incautarán los camiones ni serán reportados
a las autoridades por extraer arena del río Haina.
Durante esta investigación no se
avistó a ningún agente del Senpa custodiando los puntos donde estaban los
camiones extrayendo material en los ríos visitados en marzo.
Tras el
desastre, la práctica sigue
En 2015 la Academia de Ciencias de
la República Dominicana calificó de desastrosos los efectos generados por la
extracción de arena en el río Veragua, en la provincia Espaillat, con máquinas
industriales y camiones que eran cargados en aproximadamente 10 minutos, seis
días a la semana.
“En esta comunidad se utilizaba el
agua del río (Veragua) para todo, prácticamente nosotros tomábamos el agua, (la
usábamos) para bañarnos”, recuerda “Juan”, un policía residente en Batey
Ginebra que prefirió no ser identificado con su nombre real.
“Esta es una localidad en la que
hace aproximadamente ocho o nueve años en cada casa hay baños, pero aquí lo que
había era letrinas, y ya a las cuatro de la tarde veías un desfile de personas
para el río, casi todo el mundo a bañarse”, explicó al comparar cómo era la
vida antes.
La Academia de Ciencias de la
República Dominicana indicó en 2015 que una de las empresas que realizaba la
extracción era la Constructora Dualma, que estaba autorizada por el Ministerio
de Medio Ambiente para unos supuestos “trabajos de limpieza y adecuación de 500
metros sobre [más allá de] el río”. El permiso tenía una vigencia de 45 días.
Sin embargo, la entidad reportó la extracción de grandes cantidades de arena y
grava para su venta del mismo cauce.
Líderes comunitarios de Veragua
salieron en defensa de los alegados trabajos ambientalistas de la compañía
argumentando que eran necesarios. La empresa ya no extrae agregados del río,
pero sí lo hacen otras personas. Uno que otro día, por la estrecha calle de
tierra que pasa frente a la casa de “Juan”, transitan camiones cargados de
arena con el riesgo de embestir a los niños que juegan por las tardes.
“Se supone que, en una localidad tan
pequeña, dos camiones que transiten o tres camiones, lo sabe todo el mundo (…)
Prácticamente las autoridades lo saben y se hacen de la vista gorda”, dice
“Juan”.
Su esposa ha tenido el impulso de
exigirle a los extractores que se detengan pero, a pesar de tener la autoridad
para hacerlo por ser militar, no lo hace. “Es porque quien les está dando el
´permiso´ es más fuerte que ella”, argumenta “Juan”.
Estamos asistiendo a una pérdida del control de la
extracción de agregados; se ha multiplicado prácticamente en toda la geografía
con dos características: permisos que se están dando sin los debidos soportes y
sitios en los que simplemente se están cerrando los ojos. Luis
Carvajal Coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD
En 2014, la Academia de Ciencias de
la República Dominicana reportó la variación artificial del curso del río
Yásica por la extracción de arena y grava de manera industrial de su cauce.
También denunció una acción similar en los campos de dunas de La Lometa,
cercanos a la desembocadura del Yásica, del que Veragua es un afluente y ambos
aportan flujos sedimentarios a las playas del destino turístico Cabarete.
El informe de la Academia indica que el Ministerio de
Medio Ambiente otorgaba unos tickets para
extraer la arena al sindicato de camioneros de la zona. La extracción ocurría
en 2014 pese a que en 2011 una evaluación hecha por personal de la institución
consideró inviable el proyecto Mina La Lometa, promovido por Carlos Almonte,
exsecretario del sindicato de camioneros del municipio Gaspar Hernández, y no
se autorizó.
La extracción en La Lometa se
detuvo. En ese entonces Almonte alegó que “personas mal intencionadas”
pretendían dejar sin trabajo a más de 200 camioneros que se ganaban el sustento
de sus familias transportando materiales para la construcción y aseguró que no
afectaban el medioambiente.
El 12 de julio de 2018, el
Ministerio de Medio Ambiente autorizó a Almonte la remoción de 2,000 metros
cúbicos de material de aluvión para adecuar una parcela en el distrito
municipal Sabaneta de Yásica de Puerto Plata, próxima al río Yásica. Aunque el
permiso se concedió por dos meses, ambientalistas denuncian que aún hay
camiones extrayendo arena del cauce con la excusa de esa adecuación, una acusación
que Almonte niega.
Horacio Mazara, director del
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), sostiene que
hay una reducción en la extracción de agregados producto de las normativas
vigentes, pero reconoce que “no se ha erradicado al 100 por ciento”. Endilga la
responsabilidad al Ministerio de Medio Ambiente. De Medio Ambiente no
concedieron una entrevista solicitada para esta investigación.
¿Si no existiera la extracción
ilegal de agregados de los ríos, hubiese más agua en reserva para enfrentar la
sequía que afecta al país en los últimos seis meses?, se le preguntó a Mazara.
“Seguramente que sí, porque es que
afecta los caudales de los ríos y las cuencas”, respondió el funcionario, quien
preside el Consejo Directivo para la Reforma y Modernización del Sector Agua
Potable y Saneamiento.
Vista del río Yásica, del 12 de marzo de 2019, donde
se ven los rastros que dejan los neumáticos de los camiones cuando se adentran
a recoger la arena ( DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID)
“Uno de los elementos más dañinos
que hay en términos ambientales es la extracción de agregados, incluso aquí se
habla de extraer agregados como mecanismo de corrección de ríos pero ocurre que
el problema nuestro es que toda la extracción de agregados es pura y
exclusivamente comercial”, afirmó Luis Carvajal, coordinador de la Comisión
Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El también activista señaló que hay
momentos en los que el Ministerio de Medio Ambiente, movido por la presión
social, ha puesto más atención al problema, pero asegura que la gestión de
Estévez (de mayo 2018 al presente) “ha estado permitiendo esas extracciones”.
“Estamos asistiendo a una pérdida
del control de la extracción de agregados; se ha multiplicado prácticamente en
toda la geografía con dos características: permisos que se están dando sin los
debidos soportes y sitios en los que simplemente se están cerrando los ojos
ante la extracción masiva de agregados”, dijo.
Reconoció que se han hecho intentos
por establecer algunos controles pero, a su juicio, han sido insuficientes.
Mencionó un programa para corregir el río Nizao que no ha dado resultados. “Ahora
nadie sabe dónde está el cauce de verdad (del Nizao) porque ha sido desmadrado,
y se sabe que eso fue producto de una complicidad”, afirmó.
Carvajal detalló que en el país se
han identificado 108 lugares donde se puede hacer extracción de agregados, a
partir de canteras secas, de forma regular y legal. Entre 2008 y los primeros
dos meses del 2019, la minería autorizada de agregados extrajo un volumen
superior a los 53.5 millones de metros cúbicos de material, informó el
Ministerio de Medio Ambiente.
“Hay que entender que la producción
de agregados es una actividad de carácter minero, de carácter extractivo, que
tiene que tener un seguimiento de Estado”, enfatizó Carvajal.
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Este reportaje es parte de la serie “Se seca el Caribe”, resultado del trabajo de una decena de periodistas
caribeños liderados por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico.
Las investigaciones fueron posibles en parte con el apoyo de Para la
Naturaleza, Fundación Segarra Boerman e Hijos, y Open Society Foundations.
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